El 31 de diciembre de 2019, la oficina china de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de la detección de una neumonía por causas desconocidas en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Tras relacionar este nuevo coronavirus con otros ya conocidos como el SARS y MERS, se denominó a este nuevo virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que provoca COVID-19. El 30 de enero, al haber detectado el brote del virus en otros países fuera de China, la OMS declaró la situación de Emergencia Sanitaria Internacional.
COVID-19: continuidad de las operaciones
El 11 de marzo de 2020, tras conocer el contagio de 118.000 casos en 114 países, se declaró al coronavirus como pandemia con el objetivo de que los gobiernos de todo el mundo tomaran las medidas necesarias para contener su expansión. Tan solo dos semanas después, la dimensión del impacto de esta pandemia ya presentaba más de 400.000 casos confirmados de contagio por SARS-CoV-2, más de 18.000 muertes en un total de 196 países. Desde entonces, el SARS-CoV-2 continua atravesando fronteras y manteniendo un ritmo de crecimiento exponencial, doblando en muchos países el número de contagiados cada pocos días.
Con el objetivo de mitigar los efectos relacionados con la propagación de la pandemia, los gobiernos se han visto obligados a llevar a cabo una actuación rápida desarrollando medidas urgentes de contención del virus tales como la aplicación de restricciones a la libertad de movimiento de ciudadanos o el control y cierre de fronteras. Algunas de las medidas más restrictivas aplicadas hasta la fecha han sido adoptadas por los gobiernos europeos de Italia, España y Francia.
Todo ello, además de suponer una grave crisis sanitaria, está provocando duras consecuencias para la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cuantificación del impacto económico derivado de la actual situación de pandemia debida al nuevo coronavirus es compleja, lo que da lugar a una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas y los riesgos de deterioro asociados. Esto puede poner en peligro tanto el crecimiento económico como la estabilidad financiera.
Tal y como advierte el FMI, además de políticas económicas y medidas fiscales específicas, la aplicación de políticas de estabilidad monetaria y financiera adecuadas serán vitales para ayudar a sostener la economía mundial. Por ello, tanto los gobiernos como diversas autoridades supranacionales (por ejemplo, ECB, EBA o ESMA) y nacionales (por ejemplo, BoE y Fed), están adoptando medidas para reducir el impacto en la economía real, como la suspensión de los pagos de hipotecas, la flexibilidad de los aplazamientos del pago de impuestos para las PYMES y los trabajadores autónomos, o la flexibilización de determinados requerimientos supervisores, entre otros. Este tipo de medidas se están adoptando con distinta intensidad en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.
Finalmente, tanto la amenaza sanitaria que supone la expansión del nuevo virus como las medidas de contención adoptadas por las autoridades, suponen una seria amenaza para la continuidad de las operaciones de las empresas.
La drástica disminución de la demanda de sus productos y servicios derivadas de las restricciones a la libre circulación de las personas y al cierre de comercios da lugar a fuertes tensiones de liquidez en las compañías. En algunos sectores las cadenas de suministro también se están viendo significativamente afectadas. Por otro lado, el cumplimiento de las medidas de confinamiento domiciliario supone una fuerte presión sobre la infraestructura de comunicaciones, lo que se une al reto de poder gestionar de manera masiva nuevas formas de trabajo en remoto (teletrabajo) a la vez que se establecen y monitorizan medidas para mitigar las amenazas a la salud de los empleados.
Para afrontar este escenario adverso y garantizar la continuidad de sus operaciones, las empresas deben llevar a cabo planes de choque en múltiples frentes (Organización y Recursos Humanos, Tecnología, Instalaciones, Proveedores y Comunicación) de forma coordinada, bajo un modelo de gobierno que gestione la crisis.
Este documento expone una visión de contexto general sobre las medidas adoptadas por las instituciones, con foco en Europa y América, así como de algunas de las principales implicaciones que tendrán las mismas en distintos sectores de la economía y específicamente en el sector financiero. Tras esta revisión general, el objetivo fundamental del documento se centra en ofrecer propuestas de actuación concretas dirigidas a las empresas para facilitar su gestión de la crisis y asegurar la continuidad de sus operaciones.
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